martes, 11 de junio de 2013

PIENSO LA PENSION PESADA ¡¡¡ VAYA TEMITA !!




LO  DIJO  Y   LO PUSE
YA    QUE  PRONTO  LLEGARA  EL    TIEMPO  DE LO   MELONES    ABIERTOS    EN  CASA, AUQUE  EL  MAL-GOBIERNO    español.   DIGA    y DIGA    y   DIGA     bla,  bla   bla    bla ............


  • A ti, Maximino Alvarez Fernández y 14 personas más os gusta esto.

  • Jose Luis Campa Perez Nada que los ¡¡¡SABIOS ¡¡ y el gobierno,se saldrán con la suya y ..venga, más penuria a agregar a la ya vigente
  • Fermin Hernandez Portela Comite de sabios y espertos. o reunión de un grupo de profesional, pagados y vendidos al capital, que nos quieren endulzar una canalladita mas del gobierno.

  • Mariangeles Gonzalez Alvarez CANALLADA cón mayúsculas........Mientras ellos cada vez más ricos y cresos!

  • Fernando Truchado Martinez ¡ Y por qué no se bajan los políticos, esos que nos han traido la depresión y la miseria, su sueldo y dejan de meter mano en los fondos de los mayores...¿ Para cuando ese impuesto a las grandes fortunas y a las SICAV ? ¿ Cuándo van a devolver, los políticos y empresarios corruptos, lo que han defraudado y sustraido sin permiso ...?



Cierra los ojos y concéntrate en mi voz: comité de sabios. Repite conmigo: comité de sabios. Ahora di: comité de expertos. ¿Qué te sugieren estos dos sintagmas? Comité de sabios. Comité de expertos. Te sugerirán seguramente lo mismo que a mí: un grupo de señores muy serios, más bien mayores y sin vida sexual. Sí, has leído bien: sin vida sexual. Pero no porque sean muy feos o porque sean impotentes. No, no. Han renunciado al sexo porque ellos, al contrario que nosotros, han alcanzado un estado de plenitud espiritual. No son siervos de su cuerpo como tú. Tampoco necesitan comer, ni dormir, ni hacer deporte. Su verdadero alimento, su esencia misma, son las ideas. Pero no las ideas políticas, ojo. Las ideas políticas también les son ajenas a los miembros de un comité de sabios. Las ideas políticas provocan pasiones. Y los sabios no sienten pasión. Un comité de sabios está muy lejos de las cosas terrenales; sus miembros se mueven guiados por la razón y por el bien común: no sienten envidia, no les obnubila el odio, son refractarios al egoísmo. Un comité de sabios está por encima del bien y del mal, al margen de la izquierda y la derecha.

No es ninguna casualidad que este Gobierno le haya cogido gusto a los comités de sabios. Sobre todo cuando quiere darnos una mala noticia: eh, vosotros, que estamos pensando en bajar las pensiones. Pero no porque queramos nosotros, de puro liberales que somos, no, no. Vamos a bajaros las pensiones porque lo dice un comité de sabios. ¿Habéis oído bien? Un comité de expertos, unos seres semidivinos que están en otra dimensión a la vuestra, gente seria, gente que ha dedicado toda su vida al estudio, sin intereses de ningún tipo, sin lujuria, sin ideología, expertos a los que vosotros no podéis llevar la contraria porque ellos lo saben todo —son sabios— y vosotros no tenéis ni puta idea.

Afortunadamente, entre los periodistas económicos los hay que, cumpliendo con su obligacion, se han tomado la molestia de leer detenidamente el informe sobre las pensiones presentado por ese supuesto comité de sabios. Y también hay medios que se han preocupado por deconstruir su autoridad incontestable, poniendo cara a sus miembros y poniéndoles sobre todo ideología. ¿Pero cuántos de los 24 millones largos de votantes han hecho ese molesto ejercicio intelectual o han escuchado el que han hecho otros? ¿Mil? ¿Ciento mil? ¿Un millón? Vale, dos millones. ¿Y qué?

El pasado 15 de febrero se hizo público el informe de la comisión de 9 personas —8 profesores y un vicepresidente del Banco Santander— nombrada por el ministro José Ignacio Wert para la reforma universitaria. Desde el llamado Informe Universidad 2000, esta fórmula ha sido la elegida para el avance de las reformas neoliberales de la Educación Superior en España por unos y otros gobiernos. Son “expertos objetivos”, pero detrás de cada comisión siempre encuentras algún banco o gran empresa.

Este viernes una comisión de expertos sobre la reforma de las pensiones ha presentado su informe final en el Ministerio de Empleo. Se trata de 12 personas, de las cuales dos están vinculadas a la patronal de las cajas de ahorro, una a un banco, mientras cuatro han trabajado en aseguradoras o para su patronal. De 12, únicamente hay una mujer. Solo tres expertos —un representante de UGT, otro de CC.OO y un miembro afín al PSOE— parecían estar a favor de un sistema público de pensiones. Finalmente, aunque estos tres emiten un voto particular, el representante de UGT es el único que ha votado en contra del informe.

Parece así evidente que la conformación de las comisiones de expertos no son inocentes, ni plurales, ni equitativas. Pero aunque lo fueran, seguiría siendo antidemocrático fijar reformas de leyes fundamentales partiendo del criterio de estos denominados “expertos”. El problema no reside solo en que sean instancias extraparlamentarias. En democracia corresponde a la ciudadanía discutir las leyes, deliberar conjuntamente sobre ellas y decidir. Desde el primer momento, es decir, desde la fijación de la agenda y los temas a tratar, desde la formulación de los problemas. Hay mecanismos participativos posibles para ello, otra cuestión es que haya voluntad de ponerlos en marcha. Que exista un apoyo técnico puntual que informe sobre lo que es o no posible no tiene nada que ver con estas comisiones. El que los representantes con responsabilidad de gobierno cedan este poder a los expertos vinculados con patronales y bancos muestra, por enésima vez, que el vínculo que estos establecen no es democrático sino oligárquico.

Varios acontecimientos han reabierto en las últimas semanas el debate acerca de las reformas del sistema público de pensiones. La creación por parte del Gobierno de una Comisión de expertos que informe sobre la necesidad de las mismas. La llamativa insistencia de la Comisión Europea en la obligatoriedad de realizar nuevas y urgentes reformas en este campo. Y las reacciones que en los medios de comunicación ha provocado todo ello.

Sin embargo, el debate presenta, a nuestro modesto entender, algunos errores de concepto que distorsionan la cuestión, y adolece de los intentos de asentar sobre aquellos ideas que dan lugar a una percepción equivocada sobre las reformas presentes y futuras que pudiera necesitar el sistema público de pensiones español.

En definitiva, la forma en la que se está vinculando la evolución actual de los ingresos del sistema público de pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se va realizando una construcción argumental que carece de sustento, y sobre la que se pretende argumentar un nuevo y más grave recorte de las pensiones. Y la insistencia de la Comisión Europea en vincular la adopción de tales medidas con la flexibilidad (imprescindible, en todo caso, desde el punto de vista económico, especialmente después del gravísimo error cometido en los tres últimos años por la política económica auspiciada por la Comisión) en el programa plurianual de reducción del déficit público son, ambas, cuestiones que carecen de justificación.



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